domingo, noviembre 19, 2006

A DOCE AÑOS DE LA COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA

GONZALO CORTES MUÑOZ
ADMINISTRADOR PÚBLICO
gocormu@hotmail.com

PRESENTACIÓN.

No se puede alcanzar estados de desarrollo superior si no se posee una estructura político-administrativa eficiente y transparente. No se puede olvidar que el Estado se halla al servicio de la persona y que su fin último es el bien común, y el bien común implica el mejoramiento de las condiciones de la vida humana, de tal forma que todas las personas (no sólo algunos privilegiados) tengan acceso a la vida civilizada, a la cultura y a la virtud en general. Por ello, la tarea de una sociedad política bien estructurada es ante todo una tarea de civilización y de cultura.

Es cierto que el bien común es una condición abstracta de bienestar, no obstante es un sentimiento latente en cada uno de aquellos que forman parte de una sociedad con identidad, historia y valores comunes. Así, la ética se entrelaza con el bien común toda vez que orientan a poner todo al servicio de la persona y del hombre, tanto a nivel individual como colectivo. No es posible un país desarrollado bajo una administración con criterios individualistas y centrado en el beneficio de unos pocos. La ética y la moral en la administración del Estado y en el ejercicio del poder es la actividad que se realiza “buscando lo bueno”.

Este documento releva la importancia de la conducción política y administrativa sustentada en valores y principios que propendan al bien común, puesto que se entiende que los asuntos públicos son aquellos asuntos que “afectan e importan a todos”. No es posible obviar las decisiones adoptadas sobre la “polis”, es más, constituye un deber participar y construir el país y la sociedad que queremos. Y para ello, debemos comenzar por determinar sobre qué pilares se construye y se administra nuestro “hogar público”.

DESARROLLO.

El 5 de abril de 2006 se cumplieron diez años de la creación de la Comisión Nacional de Ética Pública, bajo la administración de Eduardo Frei Ruiz – Tagle, instancia de estudio y elaboración de propuestas de políticas públicas e iniciativas legales que, tenderían a reforzar los procedimientos e instituciones que cautelan el cumplimiento de los deberes legales y éticos en la actividad pública, contribuyendo a perfeccionar la Democracia en Chile.

La Comisión, dentro del plazo de cien días que se le dio para cumplir con su cometido, elaboró un Informe sobre la Probidad Pública y la Prevención de la Corrupción, que sometió a la consideración del Presidente de la República y, por su intermedio, a todos los órganos del Estado y a la sociedad civil en general.

Las principales materias abordadas en dicho Informe fueron los siguientes:

- El establecimiento de una política nacional de ética pública: Fortalecer la ética pública equivale a promover y aplicar los valores expresos e implícitos que contiene nuestro sistema de convivencia política, para que la vida pública, en todas sus expresiones, se ciña a los mismos.

- Los conflictos de intereses: La Comisión sostuvo un principio amplio de libertad en el ingreso a la función pública. En el campo de los agentes públicos elegidos, nuestra Constitución establece limitaciones de edad y de pertenencia inmediata a cargos representativos de asociaciones corporativas, que no han sido mayormente cuestionados. Desde la perspectiva del principio de igualdad ante la ley, en consecuencia, la Comisión consideró que no puede haber otro tipo de discriminación para acceder a la función pública, que las mencionadas. La función pública debe estar abierta a los mejores talentos y las prohibiciones no pueden constituir un factor de disuasión para que esas personas se incorporen a ella. No obstante lo anterior, la Comisión se inclinó por una posición rigurosa para asegurar que los agentes públicos, una vez en posesión de sus cargos y funciones, guarden una estricta observancia de ciertas normas, destinadas a regular los conflictos de intereses.

- El control y fiscalización como instrumentos de prevención de la corrupción: La Comisión estimó necesario ocuparse del control y la fiscalización de la probidad de las instituciones del Estado, como un instrumento de prevención y limitación de los fenómenos de corrupción.

- La regulación de los contratos y licitaciones estatales: La Comisión observó que en nuestro país las normas que regulan los contratos y las licitaciones estatales son heterogéneas y están diseminadas en distintos instrumentos legales. Por las razones expuestas, la Comisión propuso que se legisle para establecer una Ley Marco sobre Contratos y Licitaciones del Estado, en la cual se asegure la transparencia, objetividad, imparcialidad, certidumbre del cumplimiento contractual y detallada publicidad – especialmente de volúmenes y precios comparados – de todos los procesos de adjudicaciones de compra de bienes y servicios, por parte del Estado;

- El perfeccionamiento del sistema penal aplicado a los fenómenos de corrupción: En el aspecto de la penalización de las distintas formas de transgresión que abarca la corrupción contemporánea, La Comisión concluyó que nuestra legislación es anticuada e insuficiente. Junto con perfeccionar figuras penales que provienen del siglo XIX, y que están contempladas en nuestro Código Penal, la Comisión propuso la criminalización del tráfico de influencia, el uso indebido de información clasificada y, con los resguardos que se señalan en la propuesta específica sobre este tema, el enriquecimiento ilícito.
- El financiamiento de la actividad política: La Comisión recogió positivamente la idea de que el desarrollo democrático privilegia el financiamiento público de la actividad política, cuyo propósito es garantizar el libre acceso y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos a los cargos y funciones de representación popular; proteger la independencia e imparcialidad de los agentes públicos elegidos, previniendo los conflictos de intereses; dispersar y pluralizar las esferas de influencia, a nivel de la sociedad civil, a fin de que el poder no se concentre en forma excesiva; Y, finalmente, entregar a la sociedad civil instrumentos de escrutinio y visibilidad de las relaciones que puedan establecerse entre la política y los intereses particulares.
- El control social como instrumentos de prevención de la corrupción: El buen éxito de una política de promoción de la ética pública depende, en parte fundamental, del nivel de información, compromiso y organización de la sociedad civil para desempeñar un rol de activo contralor en esta materia.


REFLEXIÓN FINAL.
Diversas normas legales pusieron en práctica las recomendaciones de la Comisión, especialmente en la Ley de Probidad y Transparencia y la constitución de un Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, integrado por asesores del Presidente de la República, auditores ministeriales, comités de auditoría ministerial y auditores internos en los servicios, de manera de establecer un sistema de control interno. Paralelamente se desarrollaba el control externo constituido por la Contraloría General de la República, Cámara de Diputados, Tribunales de Justicia y, finalmente, el control social ejercido por la comunidad, donde encontramos actores sociales tan importantes como la prensa, las asociaciones de funcionarios, los colegios profesionales y, en general, la opinión pública.
No obstante el significativo aporte que hizo la Ley de Probidad a la transparencia y publicidad de los actos de la Administración del Estado, hasta hace poco tiempo atrás todavía existían en sus normas limitaciones que conspiran contra el pleno logro de las finalidades perseguidas con su dictación, especialmente si se considera que uno de sus principales fundamentos, es que existan medidas efectivas de control social para prevenir la corrupción, posibilitando, de parte de la sociedad civil, vigilar y evaluar continuamente las actividades de los agentes e instituciones públicas, mediante no sólo la información adecuada, oportuna y completa acerca de todo lo que pertenece y está relacionado con la esfera pública, sino que fortaleciendo las herramientas que permitan un ejercicio más pleno de las libertades políticas de opinión, prensa y expresión, garantizando el acceso periodístico a la información relacionada con la gestión pública.
Esta situación se mantuvo inalterable hasta que desde mediados de octubre, el país fuera sacudido por denuncias sobre un aspecto de la vida social y política de la cual hemos estado todos especialmente orgullosos en nuestra recuperación democrática: La denuncia e investigación judicial de los denominados casos COIMAS, SOBRESUELDOS, MOP – CIADE, MOP – GATE, BANCO CENTRAL – INVERLINK, CORFO – INVERLINK nuevamente han puesto sobre la mesa el tema de la transparencia, la ética y la probidad de la función pública Lo acaecido desde entonces es motivo de preocupación y también un llamado claro a la acción a la sociedad chilena. En ese contexto, en diciembre, el capítulo chileno de transparencia internacional entregó una completa propuesta de acción para aumentar la transparencia y probidad en la acción de los poderes públicos y para combatir con más energía y eficiencia cualquier foco de corrupción A esto se han agregado consultas realizadas con los partidos de oposición y con especialistas en la materia, hasta configurar una agenda ambiciosa que recoge las preocupaciones de todos los sectores.

Así, el día jueves 20 de enero de 2003 se selló un acuerdo gubernamental de modernización con el compromiso y la participación de todos los sectores que se plasmó en el documento “Acuerdo Político Legislativo para la Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción del Crecimiento”. Dicho documento contempla el desarrollo de 49 iniciativas y formula – a través de una agenda corta – la necesidad de otorgar prioridad a 12 proyectos legislativos considerados clave para avanzar en este proceso. Dentro de la denominada “agenda corta” se contemplaban las siguientes iniciativas:
- Agenda de Modernización del Estado: Simplificación de Procedimientos Administrativos; Regulación de una Nueva Política de Personal para los Funcionarios Públicos – Creación de la Dirección Nacional del Servicio Civil; Fortalecimiento y profesionalización de la Alta Dirección Pública; Consolidación de la legislación sobre Gestión Financiera y Difusión de Programas y Servicios Públicos; Compras Públicas; Y funcionamiento permanente de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto.
- Agenda de Transparencia: Transparencia en el financiamiento de campañas electorales y de los partidos políticos; Perfeccionamiento del fuero parlamentario; Adecuación de las inhabilidades parlamentarias y de las causales de cesación de cargos parlamentarios; Y transparencia en la administración de recursos para la labor parlamentaria.


En el período mayo – junio de 2003 fueron aprobados la mayoría de los proyectos incluidos en la denominada “agenda corta”.

Indudablemente la regulación de estas materias, en su mayoría incluidas en el Informe de la Comisión Nacional de Ética Pública de 1994, se deben a una consecuencia de los casos de corrupción descubiertos a principios de año. Ergo, debieron suceder hechos gravísimos al más alto nivel político para adoptar medidas propuestas hace cerca de diez años atrás, mismas medidas que de haber existido la voluntad suficiente en su momento, se deberían haber aplicado mucho antes, lo que eventualmente podría haber evitado los casos de irregularidades y corrupción descubiertos.
A pesar de la reacción tardía, no sólo del Gobierno sino de toda la sociedad, se han logrado avances substanciales en las mismas líneas propuestas por la Comisión Nacional de Ética Pública, lo que es un claro indicador de que el informe elaborado por esa instancia no ha perdido vigencia a pesar del tiempo transcurrido. De las siete grandes directrices trazadas, ya se ha legislado respecto de los conflictos de intereses, el control y fiscalización, la regulación de los contratos y licitaciones estatales, el perfeccionamiento del sistema penal aplicado a los fenómenos de corrupción, el financiamiento de la actividad política. Con estos elementos a la vista, se podría afirmar que se ha establecido una suerte de política nacional de ética pública, pero falta avanzar en un aspecto fundamental y sin él el proyecto queda incompleto.
Un denominador común en los casos de corrupción descubiertos en estos últimos doce meses lo constituye la presencia y/o conocimiento de los hechos de Altas Autoridades de Gobierno, con el agravante de que esto ocurrió durante mucho tiempo. Bastó la presencia de la prensa para que se generará un espiral de nuevos descubrimientos que, a pesar de estar aún siendo investigados en tribunales, ya fueron condenados por la opinión pública.

Bastó con la sola presencia del control social: las asociaciones de funcionarios, los sindicatos, los colegios profesionales y especialmente la prensa, la llamada la hacer opinión pública. Y fue esa opinión pública la que, a través de los respectivos canales de comunicación, presionó a los actores políticos para avanzar en el tema de la ética pública y la probidad administrativa; De no haber llegado la información a los medios de comunicación, es probable que jamás se habrían descubierto esos casos, o en el mejor de los casos, se habría demorado unos cuantos años en mirar la luz.
Sin embargo, mientras se siga con la creencia de que la corrupción se combate creando gigantescas estructuras burocráticas como el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, o entregando más recursos a la Contraloría para que siga creciendo, sin modificaciones sustanciales, o legislando a favor de la modernización de procedimientos e incorporación de las nuevas tecnologías, la lucha contra este mal social que es la corrupción, va por el sendero equivocado.
La única forma efectiva derrotar la corrupción y la administración negligente de los asuntos públicos es con la transparencia y el control social. Esto es, a nuestro juicio, un elemento centrípeto. Ese es el gran elemento, que si bien está presente el Programa de Gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar, está ausente de la Agenda de Modernización y de cualquier iniciativa legislativa sobre la materia. Y mientras no se permita algo tan básico como es asegurar la transparencia y fluidez en la información pública; propender al fortalecimiento de una conciencia cívica que estimule el desarrollo de organizaciones sociales, y dar vida a diversos fórmulas de participación de los ciudadanos, cualquier fórmula de trabajo en torno a la ética pública y la probidad administrativa, es una defensa vulnerable ante los casos de corrupción.

martes, octubre 03, 2006

"LA REFORMA EDUCACIONAL INMERSA EN LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO"



Carlos Moncada Viveros

Administrador Público

Magister (c) en Política y Gobierno

INTRODUCCIÓN:
Es bueno preguntarnos cual es el papel que el Estado debe desempeñar en un mundo que se está transformando.

En 1989 el Consenso de Washington empieza a desechar el desarrollo liderado por el Estado, basado en los análisis de Prebisch y la CEPAL, en donde, el Estado desarrollista y protector estaba quedando obsoleto.

La adaptación del Estado a las entrópicas realidades económicas, políticas y sociales, en los últimos tres lustros, es algo fundamental de la revalorización de las instituciones. No será fácil realizarlo, porque su requerimiento se basa en nuevas percepciones y revela situaciones que son el resultado de transformaciones posteriores a los Gobiernos de Reagan, en Estados Unidos, y de Tatcher, en Inglaterra, como también el escenario al cual se refirió el Consenso de Washington en el caso de América latina.

Las conflictivas reorganizaciones que tienen lugar entre el rol del Estado, el mercado y la sociedad civil durante fines del siglo XX, como consecuencia de los profundos cambios económicos y tecnológicos, del surgimiento de sociedades más complejas y del proceso de globalización, produjeron en el mundo nuevos intereses y demandas.

Al cambiar los intereses y demandas de una sociedad también deben cambiar las respuestas del Gobierno, es decir, sus políticas y éstas al transformarse deben modificarse las organizaciones que reciben esas demandas y que diseñan e implementan las políticas.

El rediseño institucional es una misión impostergable y debe formar parte medular de cualquier proyecto de Reforma del Estado.

Por este motivo, el fin más importante de la Reforma del Estado, más allá del mejoramiento de la gestión pública y de la modernización de sus respectivas organizaciones, debe consistir en instalar dentro de ellas un área estratégica que permita la toma de decisiones informada, oportuna y adecuadamente a los necesidades de la comunidad..

Ampliando la visión sobre las funciones de las organizaciones, la cultura cívica y el capital social en el desarrollo de la comunidad, se debería señalar agregar que ese sistema se rige, en un conjunto de valores, actitudes y preferencias compartidos por la sociedad, esto es, por su cultura.

Por tal razón, he decidido tomar un área fundamental en la Modernización de Estado, como lo es la Reforma Educacional; como lo señala el informe Brunner la educación es el motor del desarrollo del país, por eso toda las políticas públicas que se implementen para reformar el Estado deben partir como base en el Sistema Educacional.

Para efectos prácticos este Ensayo fue ordenado en tres partes, correspondientes a cada módulo, quedando distribuido de la siguiente forma:

I. Transformaciones Socioeconómicas Contemporáneas.

II. Análisis Político.

III. Escenarios Institucionales, actores sociales y políticos (El Sistema Político).

Este enfoque permite el desarrollo “in extenso” de los objetivos de cada módulo, partiendo muchos análisis de lo general a lo particular y, en otros casos, de lo particular a lo general.

Es bueno dejar en claro, que por tratarse de un Ensayo, algunos temas debieron acotarse al máximo, sin embargo, la esencia de la Reforma Educacional está claramente presente en cada uno de los puntos de este Trabajo que a continuación paso a desarrollar.


I. TRANSFORMACIONES SOCIOECONÓMICAS CONTEMPORÁNEAS:

Al analizar la Reforma Educacional, es primordial referirse a sus principales hitos, los cuales son los siguientes:

1. Aplicación del Programa P-900.

2. Dictación del Estatuto Docente Ley Nº19.070.

3. Diagnóstico efectuado mediante el Informe Brunner.

4. Reforma Curricular.

5. Los Proyectos de Mejoramiento Educativo (P.M.E.).

6. Programa Enlaces.

7. Jornada Escolar Completa (J.E.C.).


El último punto mencionado, esto es, la Jornada Escolar Completa, se ha convertido en un eslabón fundamental dentro de la larga cadena que es la Reforma Educacional, razón por la cual, será analizado “in extenso”, posteriormente a las respectivas descripciones que se harán de los hitos anteriormente señalados:


1. Aplicación del Programa P-900:

El Programa P-900 es el “Programa de Mejoramiento de la Calidad de las Escuelas Básicas de Sectores Pobres”, también conocido como Programa de las 900 Escuelas.

Este programa se generó a fines de 1989 y se implementó a contar de 1990, siendo precisamente en el período de transición entre el Gobierno Militar y la Democracia.

Su objetivo es mejorar la calidad de los aprendizajes cognitivos y socioafectivos de los niños y niñas de educación parvularia y básica, en el marco de los nuevos programas de estudio, especialmente en lenguaje y matemática usando un criterio de discriminación positiva. Se orienta a las escuelas con mayores índices de pobreza y de menores rendimientos académicos.

Siendo de carácter nacional, este programa ha beneficiado entre 900 y 1.300 escuelas con una matrícula que ha oscilado entre los 160.000 y 650.000 alumnos. Desde 1998 en adelante se extendió a toda la escuela básica.

Actualmente las líneas de acción del programa son:

a) Desarrollo Profesional Docente.

b) Atención especial a niños en situación de riesgo escolar.

c) Fortalecimiento de la gestión educativa.

d) Relación Familia Escuela.

e) Actividades Formativas Complementarias[1].


2.
Dictación del Estatuto Docente Ley Nº19.070/1991:

Dentro de la configuración de la política de fortalecimiento de la profesión docente una de las principales etapas constituyó, en 1991, la dictación del Estatuto Docente, Ley Nº19.070, en donde, el gobierno redefinió el régimen laboral de los profesores, al traspasarlos desde el Código del Trabajo (rige actividades privadas) a un Estatuto de los Profesionales de la Educación. En esta ley se estableció una regulación nacional de sus condiciones de empleo (jornadas de trabajo, horarios máximos, régimen de vacaciones), la hora de trabajo va a tener un valor mínimo común tanto para los docentes municipales como para los particulares subvencionados; además va a existir una estructura común y mejorada de las remuneraciones para los docentes municipales, incluyendo bonificaciones al perfeccionamiento, a la experiencia laboral (bienios) y al desempeño en condiciones difíciles, junto con condiciones de alta estabilidad en el cargo.

Posteriormente, en 1995, la necesidad de hacer más flexibles las normas del Estatuto sobre la movilidad de la planta docente, como también el interés de la política de gobierno de introducir innovaciones que relacionen remuneraciones con desempeño, produjo la dictación de la Ley Nº19.410, la que reformaba el Estatuto Docente, introduciendo innovaciones en los puntos recientemente señalados; pudiendo desde 1997 en adelante, reducir las plantas docentes en el marco de los nuevos Planes Anuales de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM). Además, esta nueva ley estableció el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño (SNED) de las escuelas, permitiendo evaluarlas considerando el tipo de alumnos con los que trabajan. Así, dicha evaluación ha permitido asignar incentivos colectivos a los equipos docentes que mejoren sus resultados de aprendizaje, conforme lo señala la propia ley.

Finalmente, en los últimos años se han dictado tres nuevas leyes: Ley Nº19.715 (2001), Ley Nº19.933 (2004) y Ley Nº19.961 (2004), las cuales, constituyen nuevas reformas a la condición docente (aumento en asignaciones de responsabilidad, fondos acotados para jubilación de docentes, bonos especiales, etc.) [2] .

3. Diagnóstico efectuado mediante el Informe Brunner:

En el año 1994, el Informe de Capital Humano Brunner arrojó como principal conclusión la determinación que la educación chilena es el motor del desarrollo del país.

Lamentablemente, nuestra educación se ve afectada por las siguientes causales:

a) Falta de escuelas efectivas.

Definición: “Una escuela efectiva es aquella en que los alumnos progresan más allá de lo previsto considerada sus características socio-familiares de origen. Por tanto, una escuela efectiva agrega valor extra al aprendizaje de sus alumnos en comparación con otras escuelas que atienden una población similar” [3].

b) Insuficiente capacidad para producir innovaciones tecnológicas.

Además, en la formación de capital humano inciden el origen familiar de los alumnos y la efectividad de las escuelas, sus profesores y su correspondiente gestión.

Cabe señalar que la efectividad de las escuelas depende de la instalación de apropiados sistemas de gestión a nivel del sistema, el establecimiento y la sala de clases; existiendo por dicha efectividad preocupación mundial por las siguientes razones:

- Las escuelas acogen más alumnos y más diversos.

- Existe mayor poder de decisión y responsabilidades.

- Aumento en la presión por evaluación y resultados.

- Se reciben una inversión creciente.

- Los padres buscan mejores alternativas para sus hijos.

- La tarea formativa es crecientemente compleja.

El Informe Brunner también nos apunta que la tendencia internacional es la siguiente:

- La descentralización y mayor autonomía.

- El traslado de mayores poderes de decisión y responsabilidades a las escuelas.

- La adopción de estándares exigentes.

- La entrega de amplia información de resultados para obtener eficacia y accountability (rendición de cuentas).

4. Reforma Curricular:

Internacionalmente la Reforma Curricular ha provocado múltiples desafíos a las políticas públicas en Educación, especialmente con énfasis en los procesos de cambio que dichas reformas producen.

Las exigencias que las sociedades actuales plantean sobre la educación, generalmente está orientadas a la obtención de saberes más complejos y sólidos, que las personas deberían dominar al terminar la enseñanza escolar, lo cual, ha generado transformaciones significativas en los procesos de enseñanza en diversos ámbitos, tales como el ámbito de la comprensión y manejo de las nuevas formas de implementar el currículo y el de la gestión didáctica de la enseñanza.

Esto nuevo paradigma para los estudiantes ha significado desarrollar estrategias de aprendizaje y alcanzar logros conforme a las nuevas exigencias.

En Chile, la Reforma Curricular Escolar junto a otras innovaciones ha detonado un conjunto de dinámicas en el campo de la implementación curricular, que es conveniente examinar.

En el marco de las exigencia que las “sociedades del conocimiento” le plantea a la educación, se ubica la demanda específica al sistema escolar de que, “comunique competencias intelectuales y morales de mayor nivel, lo que supone una reconceptualización y reorganización profunda de su quehacer”. El satisfacer esta demanda a través de aprendizajes acordes con un mundo globalizado, exige la adquisición, por parte de los alumnos, de conocimientos conceptuales, procedimentales y valóricos o actitudinales.

Los cambios en el currículo se produjeron en un contexto marcado por exigencias de conocimientos más complejos, las que fueron enfrentadas proponiendo modificaciones importantes tanto a nivel pedagógico como a nivel disciplinario.

Para esta Reforma se generaron relaciones entre el Marco Curricular y los Programas, estableciéndose tres líneas de acción: modos de uso del nuevo escenario curricular, propuestas de soluciones didácticas del Marco Curricular y la concepción de los aprendizajes[4].


5. Los Proyectos de Mejoramiento Educativo (P.M.E.):

Los Proyectos de Mejoramiento Educativo (P.M.E.) organizan el trabajo en torno a metas específicas propuestas por los propios docentes, desafiando a los profesores a vincularse con otros actores e instituciones, contribuyendo a mejorar la capacidad de gestión de los docentes, exigiendo avanzar en la elaboración de productos específicos para difundirlos y transferirlos a sus pares y las comunidades educativas.

Entre los propósitos de los P.M.E. podemos destacar:

a) Ampliar los espacios de reflexión sobre las prácticas pedagógicas y los nuevos referentes curriculares.

b) Promover el trabajo colaborativo entre docentes para mejorar los aprendizajes de los estudiantes.

c) Diseñar, implementar y evaluar propuestas didácticas y pedagógicas y/o curriculares de acuerdo a sus contextos educativos.

d) Sistematizar y difundir las experiencias involucradas en la ejecución de los P.M.E. a las comunidades educativas y el entrono local y/o regional[5].

6. Programa Enlaces:

La Red Enlaces tiene como una de sus funciones centrales asegurar que los establecimientos educacionales cuenten con recursos educativos digitales (software, internet) de calidad y pertinentes al currículo chileno, para el uso de profesores y alumnos. Entre los recursos digitales que enlaces ha provisto a las escuelas, ya sea, a través de software o de desarrollos para internet, se destacan los siguientes:

- CD de Recursos Educativos.

- Software Educativo de Lenguaje.

- Software Educativo (selección y distribución).

- Enciclopedia Multimedial.

- Desarrollo de Software: CD “Pueblos Indígenas en Chile Prehispánico”, “La Plaza”.

- Desarrollo de Contenidos en Internet: Sitios Web, “Burbujas”.

- Donaciones.

- Portal Educativo.


7. Jornada Escolar Completa (J.E.C.):

La Jornada Escolar Completa es el producto estrella de la Reforma Educacional, motivo por el cual, se dará especial énfasis en su análisis.

Una gran mayoría de las escuelas o liceos tiene formulado su proyecto educativo institucional, es decir, han acordado prioridades que perfilan su identidad y que orientan sus acciones de diseño, planificación, gestión y evaluación de los procesos educativos.

Para diseñar el proyecto de Jornada Escolar Completa es necesario que el equipo docente y directivo revise los propósitos u objetivos prioritarios compartidos con los cuales opera, los acuerde si no los tiene y los confronte con lo que podría hacerse ante la posibilidad de un tiempo escolar distinto.

Esto significa considerar el tipo de educación que se ofrece en relación a aspectos tales como:

- Los fines de la escuela o liceo según las características particulares de sus alumnos, sus familias y el contexto en que se inserta.

- Lo objetivos de los diferentes niveles, ciclos, subciclos o modalidades.

- Las formas y organización de trabajo para alcanzar tales objetivos al interior de la escuela, así como en relación con los padres y la comunidad.

- El tipo de actividades pedagógicas y de materiales que se privilegian.

- La organización y distribución del espacio escora disponible.

A partir del mayor tiempo disponible para la JEC, se abre una oportunidad para analizar y enriquecer lo establecido en los planes y programas de estudio que se imparten actualmente en las escuelas y liceos, considerando que la JEC aporta más tiempo para asegurar que los alumnos aprendan efectivamente lo que está establecido que aprendan. De este modo se hace posible una mejor contextualización y enriquecimiento tanto de los fines propuestos en el proyecto educativo constitucional, como de los contenidos para aprender establecidos en el plan y programa de estudio del establecimiento educacional; ayudando en ello, además, la profundización en las distintas líneas de acción propuestas por los programas de mejoramiento en el marco de la reforma educacional.

Para el proceso de reordenación del plan de estudio se sugieren los siguientes criterios para su análisis:

- Equilibrio en la asignación del tiempo que permita el logro de los objetivos de cada área.

- Amplitud a fin de asegurar una amplia variedad de experiencias de aprendizaje a los alumnos y alumnas.

- Coherencias inter-áreas que asegure que los alumnos establezcan relaciones entre las distintas áreas del conocimiento y sus procedimientos de abordaje.

- Coherencia externa que considere el aporte para el aprendizaje de las experiencias familiares y del entorno cotidiano.

- Continuidad a fin de asegurar la construcción de aprendizajes de un nivel a otro, evitando la repetición de los conceptos tratados.

Los profesores han venido realizando esfuerzos para mejorar sus prácticas pedagógicas, sea con la finalidad de superar dificultades en el aprendizaje de sus alumnos o para favorecer aprendizajes más integrados y ajustados a las crecientes demandas sociales; de hecho, en muchas escuelas del país existen iniciativas surgidas de esta voluntad constante de los docentes por ofrecer lo mejor a sus alumnos.

La JEC ofrece una oportunidad para considerar las necesidades expresadas por los alumnos respecto de las actividades desarrolladas por cada escuela o liceo.

El mayor tiempo escolar disponible permite profundizar el proceso de formación intelectual y valórica de los estudiantes, lo que implica examinar la organización del currículo, las modalidades de enseñanza y evaluación, las regulaciones del trabajo académico y la disciplina, las actividades de libre elección.

La JEC implica nuevos espacios de participación y apoyo de los padres y apoderados, tanto en el período que se elabora, como a lo argo de su desarrollo. En este sentido es que esta iniciativa desafía a la institución educativa a que revalorice la cultura y los saberes del ámbito familiar, incentive la confianza mutua que está en la base de la construcción del conocimiento y fomente la interacción y la convivencia social.

Para un análisis sistemático de la JEC se sugieren lo siguientes elementos:

Elementos de entrada (input):

- Alumnos con potencialidades y requerimientos valóricos y necesidades de formación integral.

Elementos de proceso:

- Currículum.

- Procedimientos y técnicas de evaluación.

- Normativa.

- Recursos humanos calificados.

- Recursos pedagógicos.

- Materiales y equipamiento.

- Alimentación.

Elementos de salida (output):

- Actitudes.

- Escala valórica.

- Habilidades.

- Competencias.

Factores de calidad en la evaluación del sistema JEC[6]:

- Coherencia entre el desarrollo del currículum y su desarrollo.

- Grado de conexión entre el desarrollo del currículum y la evaluación de los aprendizajes.

- La evaluación de la gestión administrativa y pedagógica.

- La idoneidad del profesorado (en este caso para el desarrollo de talleres y actividades complementarias).

- La programación y su desarrollo.

- Los recursos materiales.

- Incorporación de la familia.

- La orientación educacional y personal.

- La educación en valores.

- La autonomía.

- El sistema de evaluación de la JEC

- La metaevaluación.

En el año 2003 el Ministerio de Educación encargó a la Dirección de Estudios de la Universidad Católica la evaluación de la Jornada Escolar Completa (J.E.C.), entregando dicha investigación la percepción de los protagonistas (establecimientos y agentes de la comunidad escolar) sobre el funcionamiento de la JEC.

Esta información se analizó a través desde dos puntos de vista: la comunidad escolar y la del establecimiento, arrojando los siguientes resultados:

a) Disposición favorable: hubo una disposición favorable por parte de los agentes educacionales frente a la JEC, lo cual, disminuyó tratándose de profesores, directores y sostenedores.

b) Impacto positivo y aspectos no mejorados: los actores del sistema escolar concuerden que la JEC tiene los siguientes aspectos positivos:

- Aprendizaje de los alumnos.

- Calidad del trabajo en equipo.

- Aprovechamiento de la infraestructura.

- Prácticas pedagógicas.

- Perfeccionamiento de los profesores.

- Valoración que tienen los padres del colegio.

Sin embargo, hay algunos aspectos que requieren de políticas y acciones para ser mejorados, como lo son:

- Disciplina escolar.

- Uso de espacios entre el establecimiento y la comunidad.

- Incorporación de los padres a la escuela.

- Asistencia de alumnos.

- Compromiso del sostenedor con el establecimiento.

c) Beneficios sociales: para alumnos y apoderados uno de los mejores efectos de la JEC es el uso en el tiempo de los estudiantes: permanecen menos solos en la casa o en la calle y ven menos televisión. Como permanecen más tiempo en la escuela, padres y apoderados disponen de más tiempo para actividades.

También es favorable en el ámbito económico porque entre el 27% y el 43% de los padres ahorra el costo del almuerzo, el pago por el cuidado de los hijos y aumenta la oportunidad de buscar un trabajo.

d) Para mejorar los aprendizajes: todos los agentes, en particular el director y los profesores, ven a la JEC como importante para “mejorar el aprendizaje de los alumnos”. Mientras que alumnos y apoderados lo perciben como “más horas de permanencia del alumno en el establecimiento”, “nuevas actividades para los alumnos”, “más horas de clases en los ramos más importantes”. Los padres de enseñanza media reafirman “horas de permanencia en el establecimiento” y lo de básica resaltan que “mi hijo aprende más”. Un porcentaje menor señala que “protege a los alumnos de riesgos que enfrenta en el entorno”.

e) La comunidad evalúa la JEC: anualmente la comunidad (equipo directivo, docentes y alumnos) evalúa la JEC. La participación es un factor que debe ser considerado, puesto que sólo dos tercios participaron en la formulación del proyecto de su establecimiento, siendo el tercio restante solamente informado. En tanto, más de la mitad de padres y alumnos señalaron que nunca participaron.

f) Los principales problemas: se asocian a la infraestructura, al equipamiento, los recursos pedagógicos y al material didáctico. Se señala que los aspectos que se han solucionado son la disponibilidad del recurso humano, organización y uso de la jornada y los almuerzos escolares.

g) Uso del tiempo institucional: con respecto al tiempo total de la jornada, el 82% de los básicos y el 76% de la media cumple con la normativa. En lo que dice relación a los recreos y almuerzos el 30% de las escuelas y el 31% de los liceos ocupan más tiempo de lo estipulado, en tanto, el 53% de las escuelas y el 59% de los liceos destinan menos de lo previsto.

Con las horas pedagógicas el 79% de las escuelas y el 81% de los liceos hacen más de lo estipulado. En el tiempo de las actividades de libre disposición se destina fundamentalmente a las áreas académica (38% escuelas y 42% liceos), artística (27% escuelas y 14% liceos) y deporte y recreación (23% escuelas y 18% liceos)

h) Docentes: El problema más frecuente de recursos humanos fue la escasez de personal docente para llevar a cabo las nuevas actividades de la JEC. Este problema se resolvió por medio de la extensión de la jornada de trabajo, lo cual, fue complementado, cuando fuere necesario, con la contratación de nuevo personal. Los docentes cuentan con contrato de trabajo y casi ninguno se encuentra a honorarios (sector privado). Antes de la JEC un 40% de los profesores realizaba un trabajo adicional, ahora sólo un 24%. Además, declaran que su remuneración bruta mensual en el establecimiento corresponde a $404.000 (cuatrocientos cuatro mil pesos), en promedio; considerando un 42% que su remuneración ha aumentado.

i) Calificación Global: resumiendo los actores de la comunidad escolar ponen a la JEC una nota promedio superior a 5,5 [7].

Sin perjuicio, de los resultados de evaluación de la JEC que dejaron bastante optimista al Ministerio de Educación, también es conveniente hacer un análisis crítico.

Ernesto Águila, en su artículo del Centro de Estudios Sociales, nos señala que con la aprobación de la nueva Ley JEC ha aparecido un nuevo punto de conflicto en el campo educativo, donde costará producir consensos, puesto que no resulta viable seguir la búsqueda en la mejora de aprendizajes y alcanzar mayores niveles de equidad y calidad en la educación, mientras no se aborden aspectos estructurales, como el financiamiento y la administración del sistema.

Esta nueva legislación encierra tres puntos de conflicto:

a) La exigencia que todo colegio subvencionado por el Estado integre a un mínimo de 15% de alumnos de mayor vulnerabilidad socioeconómica, esto es, sin cobro de matrícula y/o de financiamiento compartido. Esto ha generado la impugnación por parte de ciertos colegios católicos y particulares subvencionados.

b) Creación de los Consejos Escolares, los cuales son instancias de participación que agrupan a los actores de la comunidad escolar, siendo su objetivo mejorar la gestión del establecimiento, como lo es la convivencia escolar y la adopción de programas de mejoramiento educativo. Lamentablemente, ésta es sólo una instancia de participación, de carácter consultivo y cuyas resoluciones no obligan al sostenedor ni al director.

c) No hay una regulación mínima en materia de cobro de matrículas y aranceles, y de selección de alumnos.

Como crítica final es importante señalar que en los últimos años se han ido homogeneizando socialmente los colegios, produciendo un creciente proceso de segregación, relegando a los jóvenes más pobres a determinados establecimientos. La educación particular subvencionada no puede reclamarse “pública” para recibir recursos del Estado y “privada” para desentenderse de las tareas del bien común que competen al Estado. Libertad para enseñar sí, pero no para segregar, o por lo menos, no con el dinero de todos los chilenos[8].

II. ANÁLISIS POLÍTICO: Para el análisis político he considerado formular la siguiente hipótesis: “Los logros alcanzados en la Reforma Educacional son inferiores con respecto a lo invertido económicamente en ella”.

1. Identificación de los actores con sus respectivos intereses e ideas:

a) Ministerio de Educación: su ideal está concentrado en mejorar la calidad de la enseñanza, puesto que es considerada la riqueza que hay que explotar, razón por la cual, su punto de interés es la aplicación de la Reforma Educacional, siendo la herramienta fundamental para extraer dicha riqueza.

b) Municipalidades: el ideal de las municipalidades también es tener una educación de calidad, lamentablemente la gran mayoría de ellas presentan grandes déficit producidos principalmente por Educación, por lo cual, su interés radica en ir reduciendo dichos déficit.

c) Profesores: su ideal primario radicaba en transmitir sus enseñanzas para formar y educar integralmente a sus alumnos, sin embargo, dichos ideales se han tergiversado y sus grandes intereses actualmente son los de aumentar sus remuneraciones y, a la vez, perfeccionarse y capacitarse cada vez más, no para traspasar los conocimientos adquiridos a sus alumnos sino para subir el nivel de sus ingresos y mejorar su calidad de vida.

d) Apoderados: su ideal es lograr una equidad en la educación para sus pupilos y que dicha educación sea integral y de calidad, puesto que sus intereses radican en que sus hijos puedan desarrollarse profesionalmente y desenvolverse con éxito en el mundo laboral y que ese éxito también llegue a ellos.


2. Caracterización del contexto:

a) Político: el Gobierno está empeñado en aplicar exitosamente la Reforma del Estado, dentro de las cuales destaca la Reforma Educacional, puesto que como lo señala el Informe Brunner, la base de todo desarrollo comienza por la Educación.

b) Cultural: el Gobierno nos está proponiendo avanzar hacia la inserción en el mundo moderno, para lo cual, se requiere contar con un nivel cultural acorde a dicho nivel, lo cual, sólo se lograra basado en una educación de calidad.

c) Ideas: estamos entrando en la era de un mundo globalizado, en el que ningún ámbito está fuera de su alcance, incluso el Estado, en el cual, deben prevalecer las siguientes características:

- Ser un mundo intercomunicado.

- Poseer una gestión de calidad en todas sus instituciones.

- Presentar una innovación constante.

- Debe existir trabajo en equipo entre los diversos actores de la sociedad, y a la vez, dentro de cada una de sus instituciones.

- Debe existir una autoevaluación de los diversos actores, lo que permite aplicar la autocrítica y generar procesos de retroalimentación.

3. Identificación y caracterización de las instituciones importantes:

a) Colegio de Profesores: actualmente este gremio postula fundamentalmente a intereses económicos, no habiendo efectuado propuestas técnicas para estos nuevos tiempos. Esto implica que sus objetivos se han tergiversado, dejando la vocación educacional olvidada.

b) Municipalidad: es la institución administradora de la educación, la que cuenta con serios problemas de financiamiento; actualmente intenta proponer la modificación de dicho sistema, esto es que la subvención por asistencia sea cambiada por la asistencia por matrícula.

c) Ministerio de Educación: dentro del ámbito de la Reforma Educacional, el Ministerio ha aplicado de múltiples programas y proyectos, algunos más exitosos que otros, dentro de los cuales destacan los siguientes:

- Programas Exitosos: Programa P-900, los Proyectos de Mejoramiento Educativo (P.M.E.) y el Proyecto Enlaces.

- Programas No Exitosos: la Reforma de las Prácticas Pedagógicas y la Reforma Curricular.

4. Identificación del enfoque en el que se basa la hipótesis:

La Hipótesis tiene un enfoque esencialmente Racionalista, puesto que está planteada desde el punto de la inversión económica. La Reforma Educacional está siendo evaluada claramente por sus costos y beneficios al señalar que lo invertido todavía no ha sido recuperado por los logros alcanzados. Es un enfoque completamente individualista que busca el interés personal, porque se espera que la inversión hecha genere frutos que produzcan la recuperación de dicha inversión como una educación de calidad que permita a los alumnos posteriormente poder desarrollarse en un nivel profesional competitivo con la finalidad de aumentar la productividad en Chile y poder así obtener un mayor ingreso per cápita. Razón por la cual veremos el análisis de Costos v/s Beneficios:

a) Costos:

- Grandes inversiones en infraestructura educacional.

- Incentivos remuneracionales para los docentes.

- Aumento de cupos alimentación a los alumnos por encontrarse en Jornada Escolar Completa.

- Elaboración de grandes volúmenes de programas educativos.

- Implementación en los establecimientos educacionales de recursos educativos digitales, tales como computadores, software, Internet, etc.

- Aumento de horas por docente producto de la Jornada Escolar Completa, lo cual, implica incremento en sus remuneraciones.

b) Beneficios:

- Establecimientos educacionales amplios y de buena calidad para la realización de las actividades académicas, tanto de docentes como de los alumnos.

- El docente trabaja más motivado, puesto que su actual objetivo es aumentar sus ingresos.

- Los alumnos al almorzar en el colegio permanecen mayor tiempo en éste y les permite recibir una educación y alimentación más integral.

- Mayor apoyo de material educativo a los alumnos.

- Interconexión de los colegios con sus alumnos, docentes y apoderados con el mundo global, con la implementación de computadores, software, Internet, etc.

- Debido a que los docentes tienen más horas producto de la Jornada Escolar Completa, les permite permanecer mayor tiempo en el establecimiento y tener dedicación exclusiva en la educación, esto es, no estar desarrollando trabajos paralelos que no se relacionan con la educación.

III. ESCENARIOS INSTITUCIONALES, ACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS (EL SISTEMA POLÍTICO):

1. Rasgos fundamentales de la política pública de la Reforma Educacional en los variados campos

a) Dimensión Económico – Productiva: la Reforma Educacional debe procurar formar jóvenes que se pueden desempeñar en un mundo competitivo, en donde, todo se encuentra regulado por el mercado y su producción. Chile para poder convertirse en una fuerza exportadora competitiva debe contar con los profesionales que tengan el nivel educativo y cultural competente para desarrollar dichas actividades.

b) Dimensión Política Institucional: institucionalmente la educación es una prioridad en las políticas públicas del Gobierno, por eso toda aplicación de una nueva política o forma de gestión parte por el ámbito de la educación, el cual, ha sido el sello de los Gobiernos de la Concertación.

c) Dimensión Modernización Social: en la Modernización o Reforma Social la educación lleva la bandera por delante, puesto que para poder lograr dicha Modernización primero se debe partir por la educación. Esto es, con la sólida e integral formación educacional de los jóvenes, siempre basada en los aspectos cívicos y sociales de nuestra cultura.

2. Los actores sociales y políticos involucrados:


a) La Elite Política: esta elite ha canalizado el interés social por la educación, siendo responsable por la elaboración del proyecto político de la Reforma Educacional; esta reforma nunca se hubiese llevado a cabo sino contara con la iniciativa de la Elite Política.

b) La Elite Técnico – Burocrática: es la que ha ejercido la presión a la Elite Política en la toma de decisiones por las formas de aplicación de la Reforma Educacional. Sin duda el procedimiento de esta reforma fue elaborado detalladamente por esta elite, en donde fueron considerados los aspectos pedagógicos, técnicos, de planes y programas como de infraestructura, elaborando un cronograma para cada uno de sus pasos.

c) Actores Políticos y Corporativos: en el ámbito macro los parlamentarios fueron estudiando cada uno los eslabones de la Reforma Educacional conforme se le fueron presentando, procediendo a los ajustes correspondientes para su posterior aprobación. En lo micro, se encuentran los Alcaldes y Concejales que son quienes deben buscar el financiamiento para la educación de calidad que tiene que implementarse por ley en sus respectivos municipios.

En lo que dice relación con los gremios, es sin duda el Colegio de Profesores uno de los más influyentes del país, y que lamentablemente se encuentra con los intereses trastocados, puesto que el principal objetivo de dicho gremio es mejorar sus remuneraciones, dejando de lado la vocación profesional y el aporte en temas técnico-pedagógicos.

d) El Estado: es quien lleva a cabo el proceso Modernizador Educativo, a través del Ministerio de Educación, debe conciliar los intereses de los actores políticos señalados anteriormente y buscar vías de solución; sobre todo con el Colegio de Profesores que es el ente con el que debe lidiar constante y permanentemente, como sucede actualmente con la evaluación docente, recientemente aceptada después de innumerables mesas de negociación que no llegaban a ningún acuerdo por inflexibilidad principalmente por parte del gremio, pero que llegaron a buen puerto la semana recién pasada.

3. Las áreas de acuerdo y conflictividad:

a) Áreas de acuerdo:

- Educación integral y de calidad para los alumnos.

- Interconexión con el mundo global, mediante la implementación de recursos computacionales en las escuelas y liceos.

- Infraestructura amplia y de calidad en los establecimientos educacionales, tanto para alumnos, docentes y apoderados.

- El aumento de ingresos a los docentes producto de la Jornada Escolar Completa, ha permitido que no desarrollen actividades paralelas no relacionadas con la educación.

b) Áreas de conflictividad:

- Existe mucha discrepancia en la calidad del material didáctico, lo cual ha generado muchas controversias por sus contenidos que no son revisados por el Ministerio de Educación antes de su publicación; con respecto a la alimentación de la Jornada Escolar Completa, no ha existido unas solución para los alumnos que no tienen becas de alimentación, no existiendo un criterio de uniformidad si deben permanecer en el establecimiento o ir a almorzar a sus hogares, perdiéndose con la última alternativa la esencia de la Jornada Escolar Completa.

- Sin perjuicio, del incremento de remuneraciones de los profesores producto del aumento de horas por la Jornada Escolar Completa, el Colegio de Profesores exige mejorías de fondo y no de parche, como lo sería incremento del valor hora y del Sueldo Base.

Además, está la constante lucha por el pago de la Asignación de Perfeccionamiento, la cual, no viene financiada por la Subvención Educacional, debiendo los propios municipios buscar dicho financiamiento, la mayoría de las veces con adelantos del Fondo Común Municipal.

- El sistema de financiamiento de la educación es un sistema perverso, puesto que la Subvención Educacional se recibe por asistencia, lo que significa que en los meses de invierno cuando hay menor asistencia de alumnos se recibe menos subvención, debiendo pagársele de igual forma la totalidad de las remuneraciones al personal (docentes y administrativos), produciendo así municipios desfinanciados. La gran lucha que se está dando por parte de los municipios es que la Subvención Educacional sea pagada por matrícula inicial al mes de marzo y que de ahí no varíe en todo el año calendario.

- La legislación laboral de los docentes es extremadamente rígida, no dando lugar a las interpretaciones, como por ejemplo: sucede en el caso de docentes que han trabajado toda su vida reciban una indemnización de 11 meses como máximo, siempre que hayan laborado de 1980 hasta 1991 y en un solo municipio, de trasladarse a otro beneficio después de 1991 (entrada en vigencia del Estatuto Docente) pierden dicho beneficio. De hecho los docentes para lograr otros beneficios requieren que se dicten otras leyes especiales y temporales paralelas al Estatuto Docente.

4. Cronograma de la iniciativa:

El Cronograma de la aplicación de la Reforma Educacional es el siguiente:

1990: Aplicación del Programa P-900.

1991: Dictación del Estatuto Docente Ley Nº19.070.

1994: Diagnóstico efectuado mediante el Informe Brunner.

1999: Implementación de la Reforma Curricular.

1999: Aplicación de los Proyectos de Mejoramiento Educativo (P.M.E.).

2000: Comienzo de la aplicación de la Jornada Escolar Completa (J.E.C.).

2002: Implementación del Programa Enlaces en la comunidad.


CONCLUSIONES:

Las transformaciones de los países latinoamericanos en busca del desarrollo y la modernización, producto de los lineamientos del Consenso de Washington, ha significado el término del Estado desarrollista y benefactor por el de un Estado subsidiario, lo cual, ha llevado al Estado a reformarse; teniendo en Chile los siguientes paradigmas:

- Una reforma de mercado: Gobierno Militar

- Una reforma gerencial: Gobierno de Frei Ruiz-Tagle.

- Una reforma integral: Gobierno de Lagos.

Los Gobiernos de la Concertación mantuvieron el modelo del Gobierno Militar, en el sentido de políticas de mercado, pero matizado con políticas sociales (Plan Auge, Reforma Educacional, Reforma Judicial, etc.)

Se comenzaron a hacer los diseños de la Modernización del Estado en el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Todo esto pasaba por la modernización de la gestión de los servicios públicos, en donde, se firmaban contratos de desempeño entre los diversos servicios y el Ministerio de Hacienda, con indicadores de desempeño para medir los resultados y donde también había premios por excelencia de servicios públicos. Todo esto inspirado en el concepto de Gerencia Pública.

Este sistema de Gerencia Pública se ha ido traspasando a la Educación, a través de su Reforma, en donde, actualmente los establecimientos educacionales y sus directivos firman contratos de desempeño con sus respectivas Direcciones de Educación Municipal, fijando en dichos contratos las metas anuales por establecimiento, las cuales serán medidas con indicadores de desempeño objetivos. Además, los docentes también son premiados al recibir el pago en sus remuneraciones de la Excelencia Académica; que consiste en un incentivo trimestral a los profesores que laboran en escuelas o liceos que son declarados por el Ministerio de Educación como de Excelencia.

Para culminar, cabe señalar que la Reforma Educacional hasta la fecha ha sido implementada más en cantidad que en calidad, esto es, porque se ha invertido en grandes infraestructuras y materiales, dejando de lado la parte pedagógica lo que queda claro que la Reforma Curricular de Planes y Programas ha sido uno de lo proyectos menos exitosos.

Fomentando más la calidad en la parte técnica hacia el alumno por parte del docente, recién podremos aspirar a tener una educación de calidad.

BIBLIOGRAFÍA:

- Águila, Ernesto; artículo “JEC: Libertad de enseñar no de segregar”; Centro de Estudios Sociales (2004).

- Ley 19.070 (1991).

- Ley 19.410 (1995).

- Ley 19.715 (2001).

- Ley 19.933 (2004).

- Ley 19.961 (2004).

- MEC, “Centros educativos y calidad de la enseñanza” (1994).

- Ministerio de Educación. El Programa de las 900 Escuelas (P-900). Publicaciones o documentos sobre la experiencia. <http://www.mineduc.cl/basica/p_900.htm> (2002).

- Ministerio de Educación; Revista de Educación (2001).

- Ministerio de Educación; Revista Diálogos; abril 2005.

- Ministerio de Educación; Unidad de Gestión y Mejoramiento Educativo – Programa Redes Pedagógicas Locales de Profesores.

- Tomassini, Luciano; “Introducción”, en L. Tomassini y M. Armijo, Reforma y Modernización del Estado: Experiencias y Desafíos, LOM, Santiago de Chile (2002).


1 Ministerio de Educación. El Programa de las 900 Escuelas (P-900). Publicaciones o documentos sobre la experiencia. <http://www.mineduc.cl/basica/p_900.htm> Junio 15, 2002.

2 Ley 19.070 (1991), Ley 19.410 (1995), Ley 19.715 (2001), Ley 19.933 (2004), Ley 19.961 (2004).

3 Mortimore (1991), Scheerens (2000), Sammons (2001).

4 Ministerio de Educación; Revista Diálogos; abril 2005.

5 Ministerio de Educación; Unidad de Gestión y Mejoramiento Educativo – Programa Redes Pedagógicas Locales de Profesores.

6 MEC, “Centros educativos y calidad de la enseñanza”, 1994

7 Ministerio de Educación; Revista de Educación (2001).

8 Águila, Ernesto; artículo “JEC: Libertad de enseñar no de segregar”; Centro de Estudios Sociales (2004).