domingo, noviembre 19, 2006

A DOCE AÑOS DE LA COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA

GONZALO CORTES MUÑOZ
ADMINISTRADOR PÚBLICO
gocormu@hotmail.com

PRESENTACIÓN.

No se puede alcanzar estados de desarrollo superior si no se posee una estructura político-administrativa eficiente y transparente. No se puede olvidar que el Estado se halla al servicio de la persona y que su fin último es el bien común, y el bien común implica el mejoramiento de las condiciones de la vida humana, de tal forma que todas las personas (no sólo algunos privilegiados) tengan acceso a la vida civilizada, a la cultura y a la virtud en general. Por ello, la tarea de una sociedad política bien estructurada es ante todo una tarea de civilización y de cultura.

Es cierto que el bien común es una condición abstracta de bienestar, no obstante es un sentimiento latente en cada uno de aquellos que forman parte de una sociedad con identidad, historia y valores comunes. Así, la ética se entrelaza con el bien común toda vez que orientan a poner todo al servicio de la persona y del hombre, tanto a nivel individual como colectivo. No es posible un país desarrollado bajo una administración con criterios individualistas y centrado en el beneficio de unos pocos. La ética y la moral en la administración del Estado y en el ejercicio del poder es la actividad que se realiza “buscando lo bueno”.

Este documento releva la importancia de la conducción política y administrativa sustentada en valores y principios que propendan al bien común, puesto que se entiende que los asuntos públicos son aquellos asuntos que “afectan e importan a todos”. No es posible obviar las decisiones adoptadas sobre la “polis”, es más, constituye un deber participar y construir el país y la sociedad que queremos. Y para ello, debemos comenzar por determinar sobre qué pilares se construye y se administra nuestro “hogar público”.

DESARROLLO.

El 5 de abril de 2006 se cumplieron diez años de la creación de la Comisión Nacional de Ética Pública, bajo la administración de Eduardo Frei Ruiz – Tagle, instancia de estudio y elaboración de propuestas de políticas públicas e iniciativas legales que, tenderían a reforzar los procedimientos e instituciones que cautelan el cumplimiento de los deberes legales y éticos en la actividad pública, contribuyendo a perfeccionar la Democracia en Chile.

La Comisión, dentro del plazo de cien días que se le dio para cumplir con su cometido, elaboró un Informe sobre la Probidad Pública y la Prevención de la Corrupción, que sometió a la consideración del Presidente de la República y, por su intermedio, a todos los órganos del Estado y a la sociedad civil en general.

Las principales materias abordadas en dicho Informe fueron los siguientes:

- El establecimiento de una política nacional de ética pública: Fortalecer la ética pública equivale a promover y aplicar los valores expresos e implícitos que contiene nuestro sistema de convivencia política, para que la vida pública, en todas sus expresiones, se ciña a los mismos.

- Los conflictos de intereses: La Comisión sostuvo un principio amplio de libertad en el ingreso a la función pública. En el campo de los agentes públicos elegidos, nuestra Constitución establece limitaciones de edad y de pertenencia inmediata a cargos representativos de asociaciones corporativas, que no han sido mayormente cuestionados. Desde la perspectiva del principio de igualdad ante la ley, en consecuencia, la Comisión consideró que no puede haber otro tipo de discriminación para acceder a la función pública, que las mencionadas. La función pública debe estar abierta a los mejores talentos y las prohibiciones no pueden constituir un factor de disuasión para que esas personas se incorporen a ella. No obstante lo anterior, la Comisión se inclinó por una posición rigurosa para asegurar que los agentes públicos, una vez en posesión de sus cargos y funciones, guarden una estricta observancia de ciertas normas, destinadas a regular los conflictos de intereses.

- El control y fiscalización como instrumentos de prevención de la corrupción: La Comisión estimó necesario ocuparse del control y la fiscalización de la probidad de las instituciones del Estado, como un instrumento de prevención y limitación de los fenómenos de corrupción.

- La regulación de los contratos y licitaciones estatales: La Comisión observó que en nuestro país las normas que regulan los contratos y las licitaciones estatales son heterogéneas y están diseminadas en distintos instrumentos legales. Por las razones expuestas, la Comisión propuso que se legisle para establecer una Ley Marco sobre Contratos y Licitaciones del Estado, en la cual se asegure la transparencia, objetividad, imparcialidad, certidumbre del cumplimiento contractual y detallada publicidad – especialmente de volúmenes y precios comparados – de todos los procesos de adjudicaciones de compra de bienes y servicios, por parte del Estado;

- El perfeccionamiento del sistema penal aplicado a los fenómenos de corrupción: En el aspecto de la penalización de las distintas formas de transgresión que abarca la corrupción contemporánea, La Comisión concluyó que nuestra legislación es anticuada e insuficiente. Junto con perfeccionar figuras penales que provienen del siglo XIX, y que están contempladas en nuestro Código Penal, la Comisión propuso la criminalización del tráfico de influencia, el uso indebido de información clasificada y, con los resguardos que se señalan en la propuesta específica sobre este tema, el enriquecimiento ilícito.
- El financiamiento de la actividad política: La Comisión recogió positivamente la idea de que el desarrollo democrático privilegia el financiamiento público de la actividad política, cuyo propósito es garantizar el libre acceso y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos a los cargos y funciones de representación popular; proteger la independencia e imparcialidad de los agentes públicos elegidos, previniendo los conflictos de intereses; dispersar y pluralizar las esferas de influencia, a nivel de la sociedad civil, a fin de que el poder no se concentre en forma excesiva; Y, finalmente, entregar a la sociedad civil instrumentos de escrutinio y visibilidad de las relaciones que puedan establecerse entre la política y los intereses particulares.
- El control social como instrumentos de prevención de la corrupción: El buen éxito de una política de promoción de la ética pública depende, en parte fundamental, del nivel de información, compromiso y organización de la sociedad civil para desempeñar un rol de activo contralor en esta materia.


REFLEXIÓN FINAL.
Diversas normas legales pusieron en práctica las recomendaciones de la Comisión, especialmente en la Ley de Probidad y Transparencia y la constitución de un Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, integrado por asesores del Presidente de la República, auditores ministeriales, comités de auditoría ministerial y auditores internos en los servicios, de manera de establecer un sistema de control interno. Paralelamente se desarrollaba el control externo constituido por la Contraloría General de la República, Cámara de Diputados, Tribunales de Justicia y, finalmente, el control social ejercido por la comunidad, donde encontramos actores sociales tan importantes como la prensa, las asociaciones de funcionarios, los colegios profesionales y, en general, la opinión pública.
No obstante el significativo aporte que hizo la Ley de Probidad a la transparencia y publicidad de los actos de la Administración del Estado, hasta hace poco tiempo atrás todavía existían en sus normas limitaciones que conspiran contra el pleno logro de las finalidades perseguidas con su dictación, especialmente si se considera que uno de sus principales fundamentos, es que existan medidas efectivas de control social para prevenir la corrupción, posibilitando, de parte de la sociedad civil, vigilar y evaluar continuamente las actividades de los agentes e instituciones públicas, mediante no sólo la información adecuada, oportuna y completa acerca de todo lo que pertenece y está relacionado con la esfera pública, sino que fortaleciendo las herramientas que permitan un ejercicio más pleno de las libertades políticas de opinión, prensa y expresión, garantizando el acceso periodístico a la información relacionada con la gestión pública.
Esta situación se mantuvo inalterable hasta que desde mediados de octubre, el país fuera sacudido por denuncias sobre un aspecto de la vida social y política de la cual hemos estado todos especialmente orgullosos en nuestra recuperación democrática: La denuncia e investigación judicial de los denominados casos COIMAS, SOBRESUELDOS, MOP – CIADE, MOP – GATE, BANCO CENTRAL – INVERLINK, CORFO – INVERLINK nuevamente han puesto sobre la mesa el tema de la transparencia, la ética y la probidad de la función pública Lo acaecido desde entonces es motivo de preocupación y también un llamado claro a la acción a la sociedad chilena. En ese contexto, en diciembre, el capítulo chileno de transparencia internacional entregó una completa propuesta de acción para aumentar la transparencia y probidad en la acción de los poderes públicos y para combatir con más energía y eficiencia cualquier foco de corrupción A esto se han agregado consultas realizadas con los partidos de oposición y con especialistas en la materia, hasta configurar una agenda ambiciosa que recoge las preocupaciones de todos los sectores.

Así, el día jueves 20 de enero de 2003 se selló un acuerdo gubernamental de modernización con el compromiso y la participación de todos los sectores que se plasmó en el documento “Acuerdo Político Legislativo para la Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción del Crecimiento”. Dicho documento contempla el desarrollo de 49 iniciativas y formula – a través de una agenda corta – la necesidad de otorgar prioridad a 12 proyectos legislativos considerados clave para avanzar en este proceso. Dentro de la denominada “agenda corta” se contemplaban las siguientes iniciativas:
- Agenda de Modernización del Estado: Simplificación de Procedimientos Administrativos; Regulación de una Nueva Política de Personal para los Funcionarios Públicos – Creación de la Dirección Nacional del Servicio Civil; Fortalecimiento y profesionalización de la Alta Dirección Pública; Consolidación de la legislación sobre Gestión Financiera y Difusión de Programas y Servicios Públicos; Compras Públicas; Y funcionamiento permanente de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto.
- Agenda de Transparencia: Transparencia en el financiamiento de campañas electorales y de los partidos políticos; Perfeccionamiento del fuero parlamentario; Adecuación de las inhabilidades parlamentarias y de las causales de cesación de cargos parlamentarios; Y transparencia en la administración de recursos para la labor parlamentaria.


En el período mayo – junio de 2003 fueron aprobados la mayoría de los proyectos incluidos en la denominada “agenda corta”.

Indudablemente la regulación de estas materias, en su mayoría incluidas en el Informe de la Comisión Nacional de Ética Pública de 1994, se deben a una consecuencia de los casos de corrupción descubiertos a principios de año. Ergo, debieron suceder hechos gravísimos al más alto nivel político para adoptar medidas propuestas hace cerca de diez años atrás, mismas medidas que de haber existido la voluntad suficiente en su momento, se deberían haber aplicado mucho antes, lo que eventualmente podría haber evitado los casos de irregularidades y corrupción descubiertos.
A pesar de la reacción tardía, no sólo del Gobierno sino de toda la sociedad, se han logrado avances substanciales en las mismas líneas propuestas por la Comisión Nacional de Ética Pública, lo que es un claro indicador de que el informe elaborado por esa instancia no ha perdido vigencia a pesar del tiempo transcurrido. De las siete grandes directrices trazadas, ya se ha legislado respecto de los conflictos de intereses, el control y fiscalización, la regulación de los contratos y licitaciones estatales, el perfeccionamiento del sistema penal aplicado a los fenómenos de corrupción, el financiamiento de la actividad política. Con estos elementos a la vista, se podría afirmar que se ha establecido una suerte de política nacional de ética pública, pero falta avanzar en un aspecto fundamental y sin él el proyecto queda incompleto.
Un denominador común en los casos de corrupción descubiertos en estos últimos doce meses lo constituye la presencia y/o conocimiento de los hechos de Altas Autoridades de Gobierno, con el agravante de que esto ocurrió durante mucho tiempo. Bastó la presencia de la prensa para que se generará un espiral de nuevos descubrimientos que, a pesar de estar aún siendo investigados en tribunales, ya fueron condenados por la opinión pública.

Bastó con la sola presencia del control social: las asociaciones de funcionarios, los sindicatos, los colegios profesionales y especialmente la prensa, la llamada la hacer opinión pública. Y fue esa opinión pública la que, a través de los respectivos canales de comunicación, presionó a los actores políticos para avanzar en el tema de la ética pública y la probidad administrativa; De no haber llegado la información a los medios de comunicación, es probable que jamás se habrían descubierto esos casos, o en el mejor de los casos, se habría demorado unos cuantos años en mirar la luz.
Sin embargo, mientras se siga con la creencia de que la corrupción se combate creando gigantescas estructuras burocráticas como el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, o entregando más recursos a la Contraloría para que siga creciendo, sin modificaciones sustanciales, o legislando a favor de la modernización de procedimientos e incorporación de las nuevas tecnologías, la lucha contra este mal social que es la corrupción, va por el sendero equivocado.
La única forma efectiva derrotar la corrupción y la administración negligente de los asuntos públicos es con la transparencia y el control social. Esto es, a nuestro juicio, un elemento centrípeto. Ese es el gran elemento, que si bien está presente el Programa de Gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar, está ausente de la Agenda de Modernización y de cualquier iniciativa legislativa sobre la materia. Y mientras no se permita algo tan básico como es asegurar la transparencia y fluidez en la información pública; propender al fortalecimiento de una conciencia cívica que estimule el desarrollo de organizaciones sociales, y dar vida a diversos fórmulas de participación de los ciudadanos, cualquier fórmula de trabajo en torno a la ética pública y la probidad administrativa, es una defensa vulnerable ante los casos de corrupción.